www.brecha.com.uy
JORGE TRÓCCOLI EN LIBERTAD
Todas las sospechas conducen a Roma
Documentos y testimonios reunidos por Brecha confirman que el embajador uruguayo en Italia, Carlos Abin, pudo presentar el pedido de extradición contra el represor antes de que venciera el plazo, pero desoyó los alertas de la cancillería. La conducta del diplomático causó profundo malestar en buena parte de la izquierda.
Walter Pernas
“Si en el espacio de tres meses desde el momento en que se ha verificado el arresto provisorio” el Estado requirente no presenta el pedido de extradición, el individuo detenido “será dejado en libertad y no podrá volver a ser detenido por el mismo motivo”. En este párrafo del acuerdo de extradición entre Uruguay e Italia, firmado en 1879, se concentra el núcleo de la polémica que involucra fundamentalmente al embajador de Uruguay en Italia, Carlos Abin, a la cancillería y al Poder Judicial, por las anomalías administrativas que permitieron la liberación del ex marino represor Jorge Tróccoli, a quien la justicia uruguaya pretende encarcelar por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
La Corte de Apelaciones de Salerno fue clara en su resolución del 24 de abril: “El arresto provisorio ha sido realizado el 23 de diciembre de 2007 a la hora 19.30, por lo que la documentación para la extradición debía presentarse hasta el 23 de marzo de 2008, (pero ésta) fue entregada recién el 31 de marzo”, señala el fallo al que accedió Brecha.
Pero el texto del acuerdo bilateral puede dar lugar a una interpretación distinta, y entenderse que la fecha en que se ha “verificado el arresto” es la del 27 de diciembre, cuando se cumplió con la formalidad legal italiana denominada “convalidación” de la detención. Por ello, la Corte de Salerno argumenta que aun cuando el texto del acuerdo de extradición se interpretara de otra manera, “no se podría llegar a una conclusión distinta”, ni siquiera tomando como fecha “la convalidación (del arresto), o sea el 27 de diciembre (de 2007), porque en este caso los tres meses vendrían a vencer el 27 de marzo de 2008, en tanto el pedido fue presentado recién el 31 de marzo de 2008”.
En otras palabras, si el embajador Abin hubiera presentado el pedido de extradición el mismo día que lo firmó, el 25 de marzo –y aun el 26 o el 27–, el organismo judicial italiano quizá lo hubiera aceptado. Pero llegó cuatro días después.
EN OTRA DIMENSIÓN. Abin se defendió declarando que no podía hacer “milagros”. Alegó que el expediente llegó el día 85 y que el plazo era hasta el día 88 (viernes 21 de marzo). Dijo que nadie le avisó que se vencía el plazo y que antepuso las medidas de seguridad sobre el expediente a las de pronto diligenciamiento. Arguyó que era Semana Santa, en la que mucha gente estaba de vacaciones, y que además había elecciones en Italia: “Las oficinas en realidad no cierran, pero a nosotros nos creaba una gran incertidumbre dejar un expediente de esas dimensiones y esas características en una oficina en la que (los funcionarios) estaban en otra dimensión”, subrayó (En perspectiva, radio El Espectador, lunes 5).
El embajador omitió señalar en cada una de sus declaraciones todas las advertencias que le llegaron del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.*
Según documentación oficial a la que accedió Brecha, la cancillería envió el 13 de marzo el siguiente “aerograma” a la embajada de Uruguay en Italia: “Remítese adjunto actuaciones procedentes del Poder Judicial en relación a los autos caratulados: extradición de Jorge Néstor Tróccoli Fernández, a los efectos de su urgente diligenciamiento”.
Es inequívoco que la cancillería le estaba pidiendo al embajador Abin que presentara el pedido de manera urgente ante la autoridad italiana. Pero eso no es todo.
Al día siguiente, 14 de marzo, a la hora 11.41, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió el exhorto por “valija diplomática especial”, es decir que se trataba a todas luces de un envío a tener en cuenta de manera singular, en virtud de que no llegó por la valija diplomática habitual.**
La documentación fue enviada mediante correo especial dhl, y señalaba con claridad que se trataba de la extradición de Tróccoli. Pero para mejor recaudo, la División de Asuntos Jurídicos de la cancillería envió paralelamente un correo electrónico a la embajada de Uruguay en Italia, que rezaba: “Día de la fecha por valija diplomática especial se remiten actuaciones con solicitud de extradición de Jorge Néstor Tróccoli Fernández”.
Estos avisos de la cancillería debían poner en alerta al embajador de que se trataba de algo importante, y de que el trámite de presentación debía cumplirse de manera urgente.
El exhorto llegó a Roma el 18 de marzo, y ese día, a las 12.51, desde la embajada en Italia se envió un correo electrónico a la cancillería acusando recibo de la valija diplomática especial y de los dos mensajes anteriormente enviados desde Uruguay.
Se suponía que Abin, ese día 18, debía esperar atento el paquete, y sin mucho más trámite firmarlo, cargarlo, apoyarlo sobre la baranda del organismo receptor italiano, esperar el sellado y salir con el comprobante de recibido en la mano. No parece una tarea difícil, sobre todo teniendo presente que ese trámite –menos la firma– lo podía hacer un funcionario bajo las órdenes del embajador.
Abin es abogado y escribano, se especializó en derechos humanos, y además fue militante de los Grupos de Acción Unificadora (gau), duramente reprimidos por la dictadura, particularmente por los Fusileros Navales donde revistaba Tróccoli como jefe de Inteligencia: justamente la justicia uruguaya busca la extradición del ex marino para encarcelarlo por decenas de desapariciones de militantes de los gau (véase recuadro).
Lo cierto es que el embajador admitió que no estuvo en la embajada en Semana Santa –alega que se estaban haciendo obras en la sede diplomática–. La nota verbal para la presentación del pedido está fechada el martes 25, justamente el primer día hábil después de Semana Santa. Al parecer, el embajador tampoco se encontraba en la “dimensión” (¿?) necesaria como para cumplir con la presentación del exhorto. Y eso fue claramente interpretado por los familiares de desaparecidos, que pidieron una reunión urgente con el canciller Gonzalo Fernández.
Óscar López Goldaracena, abogado que patrocinó la denuncia por la desaparición de los militantes de los gau, se reunió esta semana con el canciller. Consultado por Brecha, el abogado sostuvo que de la charla con Fernández surge que “la responsabilidad de los hechos está en la embajada uruguaya en Roma”. López Goldaracena le trasmitió al canciller que “sería bueno” que Abin presentara renuncia. Fernández recibirá hoy, viernes, a los familiares que presentaron la denuncia contra Tróccoli. En la reunión, le reclamarán al canciller que “aclare ante la opinión pública por qué existió el retraso” que permitió la liberación de Tróccoli, y que señale “quién es el responsable”.
Abin se comunicó telefónicamente con López Goldaracena para solicitar una reunión con los familiares denunciantes, pero éstos resolvieron no recibirlo al entender que las explicaciones las debe dar ante la cancillería.
Según contó López Goldaracena, el embajador señaló en la conversación que se hacía “responsable de la actuación de la embajada en el caso, pero no de la liberación” del marino represor. Ocurre que Abin carga las tintas contra el Poder Judicial por haber demorado el 90 por ciento del plazo habilitado por el acuerdo de extradición, y afirma que el juez Luis Charles debió pedir la habilitación de la feria judicial de enero para realizar el exhorto.
Si Charles hubiera habilitado la feria judicial, es probable que el exhorto lo hubiera terminado haciendo un juez de feria. Esto implicaría retrasos naturales, puesto que el magistrado de turno debería estudiar un expediente de miles de fojas en pocos días. Por otro lado, una vez iniciado el año judicial, el juez Charles hizo el trabajo de recolección de pruebas y redacción de un exhorto de 650 fojas en seis días.
No obstante, donde sí se verificó cierta demora fue en la Suprema Corte de Justicia (scj), que consumió un mes en el trámite de traducción del expediente. Si bien la scj realizó el pedido de precio el 14 de febrero –al otro día de recibir el expediente–, y entregó ese día el material a la traductora Julia Berliner, ésta devolvió el expediente el 7 de marzo pero traducido de manera incompleta.
El plazo que le dio la corporación para traducir 650 fojas (1.105 carillas) vencía el 10 de marzo, pero Berliner se dio cuenta de que no podía terminar el trabajo a tiempo. Entonces, la scj contrató a la traductora Paula Garavelli para que la ayudara.
Berliner percibió 329.888 mil pesos por su trabajo, y Garavelli otros 121.512 pesos: en total, la corporación pagó unos 22.000 dólares por un trabajo a las apuradas.
De todas maneras, la scj entregó en plazo el exhorto ante la cancillería, el 13 de marzo (véase cronología), y si bien faltaban pocos días para el vencimiento, el embajador Abin tuvo cuatro días disponibles para presentar el pedido ante las autoridades italianas. Pero si se toma como fecha el día de la “convalidación” del arresto, el diplomático disponía de siete días hábiles para la entrega del exhorto.
Abin argumenta que debió revisar si el expediente estaba en forma para poder presentarlo, pero en realidad esa no es una tarea que le corresponda a un embajador, quien en estos casos sólo cumple la de intermediario entre los poderes judiciales de uno y otro país. Y si existen vicios de forma, ese problema corresponde al Poder Judicial uruguayo, y no a la cancillería ni a la embajada.
Por otro lado, no era necesario que el exhorto llegara dentro del plazo a la Corte de Salerno, como señala el embajador. Sólo bastaba presentarlo ante la Dirección General para los Italianos en el Exterior y las Políticas Migratorias, oficina receptora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. La presentación se hizo efectivamente ante ese organismo, pero el 31 de marzo.
Ante el requerimiento de Brecha, el embajador respondió que “no quería hablar” más de su actuación en el caso, porque ya “había aclarado demasiado”.***
El canciller Fernández en ningún momento ha dado señales de apoyar la conducta asumida por el embajador, pero tampoco le ha ordenado viajar inmediatamente a Montevideo para aclarar la situación. Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez respaldó a Abin durante el Consejo de Ministros del lunes 5.
Así las cosas, la fiscal Mirtha Guianze dijo a Brecha que, según su interpretación, “es posible seguir el proceso de extradición contra Tróccoli”, aunque éste haya quedado en libertad. A su juicio, el tratado establece que una vez liberado –por no presentar el pedido en plazo–, el individuo no puede ser detenido nuevamente “por el mismo motivo”. Entonces, “no se lo puede arrestar preventivamente mientras se sustancia la extradición, pero nada impediría que el proceso continuara con Tróccoli en libertad”.
La fiscal atiende en el proceso por la desaparición de militantes de los gau, pero no es parte en el proceso de extradición que se sigue en Salerno. Por esa razón, pidió al fiscal de Corte, Rafael Ubiría, que realice las gestiones pertinentes para que el Estado uruguayo contrate un abogado en Italia, a fin de que trabaje activamente en el proceso que se sustancia en ese país.
LO QUE SE VIENE. A todo esto, la militante por los derechos humanos Cristina Mihura –viuda del dirigente del pvp Bernardo Arnone, desaparecido en 1976– presentó una demanda civil contra el Estado por daño moral. Mihura reside en Italia y participa activamente de los procesos judiciales que se siguen en ese país por violaciones a los derechos humanos en Uruguay. La activista señaló que es una “vergüenza la actitud del embajador Abin, que tuvo cuatro días para presentar el pedido y no lo hizo”, y pidió que el Estado uruguayo lo sancione (Sabuesos, am Libre, martes 6). Su abogado, Gustavo Salle, dijo a Brecha que también presentó una denuncia ante el Juzgado Penal de 20º Turno para que se investigue si hubo intencionalidad en la demora que permitió la liberación de Tróccoli. Salle opinó que “es deplorable” la actitud del presidente Vázquez de apoyar al embajador, y que si la justicia acoge la demanda civil el dinero se volcará a la lucha contra la impunidad, “por ejemplo, para los procesos judiciales contra los represores”, señaló.
* En la edición anterior, Brecha –citando fuentes de la investigación– apuntó que la cancillería no había enviado la documentación por valija diplomática, y que no había adoptado los recaudos adecuados para el caso. La información fue errónea.
** La valija diplomática se envía aproximadamente cada dos meses. Si el trámite no puede esperar por razones de urgencia, se envía antes por valija diplomática especial.
*** El diálogo que se reproduce con el embajador fue durante una breve charla en la que se concertó una entrevista más extensa para las 9.40 del día de ayer, jueves, pero a esa hora una funcionaria de la embajada respondió que Abin se encontraba en una reunión. Las llamadas siguientes durante todo el día resultaron infructuosas, por problemas de comunicación con el celular del embajador.
Perfil del Leviatán
Jorge Tróccoli fue jefe de Inteligencia de Fusileros Navales (Fusna) a fines de los años setenta. Sus víctimas en la Armada lo conocían bien. Pero su nombre trascendió masivamente en 1996, cuando publicó un controvertido libro –La ira de Leviatán– que relata supuestas confesiones lavadas de algunas actividades represivas, y que lo hacían aparecer como un marino arrepentido. En aquella época de censura para las investigaciones judiciales contra los crímenes de lesa humanidad, impuesta por el presidente Julio María Sanguinetti, la obra fue toda una revelación. No pocos creyeron que el marino decía toda su verdad, y desde varios sectores políticos de derecha e izquierda se enalteció la actitud de Tróccoli.
En 2005, luego del falaz informe oficial de la Armada entregado a la Presidencia, investigaciones y análisis periodísticos dejaron a Tróccoli como el “hombre clave” en la historia de la desaparición de los integrantes de los gau y otros grupos de la resistencia uruguaya en Argentina, durante los años 77 y 78 (véase Brecha, 12-VIII-05 y 19-VIII-05). Su viaje a Buenos Aires en el momento en que se producían los operativos represivos y la desaparición de los uruguayos vinculados a los gau lo implicaban profundamente. En Uruguay, se detenía e interrogaba a algunos de los integrantes de esos grupos izquierdistas y se les presentaban declaraciones de sus compañeros arrancadas bajo tortura en la capital argentina. Esa documentación apareció en 2005 en los archivos de la Armada, pero los jerarcas militares no supieron explicar fehacientemente cómo llegó hasta ese lugar.
Tras la denuncia penal por la desaparición de decenas de militantes de los gau, la justicia fue reuniendo pruebas que inculpaban fundamentalmente a tres ex represores: el ex dictador Gregorio Álvarez (por su actividad como jefe del Ejército), y los ex jefes del Fusna Juan Carlos Larcebeau y Tróccoli.
Los dos primeros terminaron en la cárcel, pero el Leviatán se fugó. Lo encontraron en Italia, el 23 de diciembre de 2007, donde quedó detenido preventivamente a los efectos del proceso de extradición hacia Uruguay, que finalmente se frustró por las razones que se relatan en esta cobertura.
El repudio de Familiares
“Complicidad con el inculpado”
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos repudió la “lentitud (e) ineficiencia demostradas en el trámite de extradición del represor Jorge Tróccoli, prófugo de la justicia por crímenes de lesa humanidad”. La organización sostuvo que la conducta asumida “implicó en los hechos complicidad con el inculpado”, y por ello exigió que se investiguen las responsabilidades tanto en el Poder Judicial como en la cancillería, se publiquen lo resultados y “las sanciones correspondientes”.
“Entendemos que la creación de una cultura de derechos humanos requiere de mensajes inequívocos y contundentes de parte de las autoridades nacionales”, subraya el comunicado.
Por su parte, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) manifestó su “profunda preocupación por que procedimientos que son mojones en la lucha contra la impunidad no puedan prosperar por errores de tramitación”, y llamó a que todos los actores en el proceso “tomen conciencia de la gravedad de los hechos, que frustran el enjuiciamiento de personas por las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen cívico militar”.
El Ielsur también pidió una “investigación seria y exhaustiva” y las sanciones “que por derecho correspondan”.
En el mismo sentido que las otras dos organizaciones se expresó la asociación de ex presos políticos Crysol. “Que un expediente de la naturaleza del caso no llegue en tiempo y forma a su destino habla de negligencia o de incapacidad profesional, cuando no de indiferencia y complicidad burocrática desde el funcionamiento de los poderes del Estado con la situación de impunidad imperante desde hace ya más de 20 años. Una u otra razón ponen de manifiesto la falta de voluntad que evidencia el Estado uruguayo para asumir responsabilidades de ayer y de hoy que remiten a la violación de los derechos humanos y a la práctica del terrorismo de Estado”, señala el comunicado.
servido por Paloma
sin comentarios
compártelo
POBLACIÓN CHILENA PODRÍA SER ARRASADA EN SEIS MINUTOS
Hoy en Bolivia está en juego la supervivencia de la patria grande
La erupción del volcán Chaitén desde el espacio
Fotos del volcán Chaitén en la prensa internacional
Servicio Meteorológico argentino capta erupción
Chaitén bajo el volcán: Imágenes de este martes
El volcán Chaitén: Nuevas imágenes
Hallan navío con oro perdido hace dos siglos en la costa de la VII región
